Según el PP, la prioridad del Gobierno es “el cuidado y la protección de las personas dependientes, así como la viabilidad del empleo y sectores vinculados con la dependencia”.

Los datos que ha facilitado reflejan que en la provincia de Ávila, un 95,28 por ciento de las personas dependientes con derecho a prestación, ya reciben la misma, 18,86 puntos por encima de la media nacional. De este modo responde a las críticas del diputado socialista Pedro Josdé Muñoz.

Ortega ha puesto de relieve que “no se puede separar la atención a la dependencia de la red de servicios sociales, pues está comprobado que solo en comunidades autónomas, como Castilla y León, en la que se han integrado, la gestión está siendo con mucha diferencia más ágil y con mejores resultados”.

“Desgraciadamente, durante estos años, en que se ha priorizado la ayuda económica a cuidadores familiares, no se han generado más puestos de trabajo, según han demostrado los datos obtenidos en el informe de evaluación de la ley de dependencia de finales del 2011”, se ha lamentado Ortega.

No solo eso, añade, sino que “se ha acumulado tal deuda que en los presupuestos del año 2013 que deben reservarse 1.031 millones de euros para abonar las cuotas para la seguridad social de cuidadores no profesionales, que el Gobierno anterior no llegó a pagar”.

Ortega admite que “se irán reduciendo las prestaciones económicas” con el fin de “desalentar el uso excesivo de los cuidados en el entorno porque deben ser excepcionales, tal y como prevé la ley, y porque son una amenaza para el empleo y el mantenimiento de la red de recursos profesionales”.

Según sus datos, en el supuesto de que todas las personas dependientes que están siendo atendidas por familiares accedieran a servicios profesionales, se crearían 11.000 puestos de trabajo de atención en el domicilio y 16.755 puestos si la atención fuera residencial, en nuestra Comunidad autónoma.