Tras la queja presentada por la organización sindical, también esta institución ha decidido abrir expediente por la supuesta paralización de ingresos en el centro, según ha indicado la federación sindical.

La organización ha recordado que el reglamento del Centro Infantas se aprobó “prescindiendo de información pública y negando la posibilidad de que los interesados pudieran hacer alegaciones a las modificaciones presentadas de oficio y fuera de plazo”.

Dichas modificaciones fueron realizadas por la jefa de los Servicios Sociales, cuyo nombramiento ha anulado en una sentencia el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, ante lo que ha considerado “desviación de poder” por parte de la Presidencia de la institución provincial.

En opinión de FSP-UGT, además, la paralización de ingresos, en tanto se tramitara el nuevo reglamento, ha causado un “daño irreparable” a las personas que están en lista de espera/reserva y han confiado en que el Procurador inste a la Diputación a “revisar” la aprobación del reglamento.

Unidades de convalecencia
Además, la organización ha insistido en lo que, a su juicio, es un “despilfarro” de recursos públicos que se está produciendo en el centro, donde no se han abierto las unidades de convalecencia y convivencia, “a pesar de que el personal del centro recibió formación en 2015 para su puesta en marcha”.

La Junta financió las obras de adaptación de estas unidades con 223.000 euros y la anterior Corporación provincial se comprometió a su apertura, sin que ésta se haya producido, han incidido.