UGT apremia a ejecutar la sentencia de la jefatura de Servicios Sociales

Así advierten que "se mantiene la ilegalidad" en la jefatura de servicio de los Servicios Sociales, que es el área al que dedica más personal y presupuesto la Diputación a través de los Ceas de la provincia y del Centro Residencial Infantas.

El sindicato advierte que la sentencia declara ilegal la atribución de funciones, por "desviación de poder", realizada a una funcionaria anulando la resolución del presidente de la Diputación de septiembre del año pasado, que "utilizó un atajo en contra del interés general para cubrir una vacante" producida por la vacante por jubilación, en julio de 2015, de la anterior jefe de servicio, que ocupaba el puesto desde 2001.

Aunque el plazo para ejecutar la sentencia es de dos meses, el sindicato apremia: "debe hacerse cuanto antes, pues no parece conveniente mantener a alguien cuyas decisiones están supeditadas a la declaración de nulidad de su cargo".

La Diputación tiene de plazo hasta el 25 de septiembre para ejecutar la sentencia, dos meses desde que llegó la notificación de la decisión judicial.

CUGT considera que el puesto de jefe de servicio de los Servicios Sociales de la Diputación debe cubrirse por medio de un concurso, de acuerdo a lo establecido en la Relación de Puestos de Trabajo (RPT), y con los principios de publicidad, mérito, igualdad y capacidad.

Si bien en la RPT el puesto está reservado a la Escala de Administración Especial -subescala técnica superior o técnica media- desde el año 2001, y dado que el contenido de sus funciones es predominantemente burocrático, proponen modificar la RPT y catalogarse en la Administración General, conforme indica el texto refundido de disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, sentencias e informes, incluido el del secretario general de la Diputación.

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Este informe atribuye a este puesto "las funciones directivas que comprenden específicamente la organización, coordinación y supervisión de las actividades del servicio, así como las funciones administrativas que comprenden la superior responsabilidad en la tramitación de los expedientes administrativos”.

El puesto "contempla una serie de funciones administrativas que sin duda aconsejan que el puesto debería de quedar abierto, cuando menos, a la escala de Administración General”, añade también el secretario en un informe.