La Junta media para celebrar una nueva reunión en Nissan y evitar la huelga

El presidente del comité, Rubén Zazo, así lo ha comunicado a los trabajadores que han acudido a la asamblea convocada este jueves, en la que se ha indicado que, hasta ese momento, la dirección había rechazado el encuentro.

En este sentido, la portavoz del Ejecutivo autonómico, Rosa Valdeón, ha calificado de “complicada” la situación que se vive en la factoría abulense, aunque la Junta “supervisa” las negociaciones, además de facilitar herramientas como el Servicio Regional de Relaciones Laborales (Serla), en cuyas reuniones no se ha alcanzado acuerdo alguno.

“Trabajamos codo con codo con los responsables de la compañía y el comité de empresa porque estamos profundamente preocupados al ser un tema complicado”, ha añadido.

No recula
En este sentido, el presidente del comité ha confirmado que se mantiene un contacto permanente con el director general de Industria y Competitividad, Carlos Martín Tobalina, y que los trabajadores están dispuestos a negociar, aunque la situación está “difícil” porque la empresa “no recula” en sus planteamientos.

El comité ha considerado que la empresa "está poniendo en riesgo el futuro de la planta por no cambiar una palabra en un redactado" y es que uno de los puntos de conflicto se encuentra en el uso, por parte de la dirección, de la palabra “pactar” en vez de “negociar”, en relación a la garantía de empleo para la plantilla.

Según Zazo, ese término los puede "condenar" en el futuro si, después de negociar, no se llegara a un acuerdo, porque se sufrirían despidos “en número desconocido e ilimitado".

Igualmente, hay discrepancias en el incremento salarial, que la empresa sitúa en el 0,7 por ciento frente al uno por ciento del comité, similar a la producida en otras plantas de Nissan, así como en la conversión en indefinidos de los temporales afectados por el ERE de 2010, que se acaban de reincorporar, aunque deberían de haberlo hecho hace “dos años”.

Por el contrario, el comité sí estaría dispuesto a aceptar las condiciones económicas nuevas para los traslados voluntarios a Barcelona, que supondrían una merma de unos 1.000 euros por trabajador al mes.