Critican que su aprobación se ha hecho en un "curioso informe" en el que literalmente se dice "Visto que ha finalizado el plazo de alegaciones y sugerencias, el Jefe de Servicio del Área de Familia, Dependencia y Oportunidades propone las siguientes modificaciones, de cara a que el citado Reglamento cumpla con los requisitos de trasparencia y objetividad que persigue", con uja serie de alegaciones que fueron llevadas al plano, donde fueron aprobadas "prescindiendo de información pública y sin audiencia a los interesados", lo que contraviene la ley.

También critican la paralización del ingreso de residentes en el centro, ya que consideran que con la aprobación del reglamento en el pleno de mayo se ha dado razón al sindicato "puesto que el reglamento recientemente aprobado contiene la cláusula de derogación del anterior y, por ende, el sistema de ingresos en él amparado sí estaba en vigor, y lo está en tanto no entre el vigor el recientemente aprobado, 15 días después de su publicación".

De esta forma consideran que "se ha transgredido caprichosamente la norma al no aplicarla", además de que consideran más grave que se continúe sin cubrir las vacantes del centro residencial y sin admitir solicitudes para tener acceso a sus plazas desde diciembre de 2015.

FSP-UGT considera el hecho "muy preocupante", ya que el centro "va dirigido a la población más vulnerable y con más necesidad de atención asistencial permanente", como los mayores grandes dependientes y los mayores dependientes severos.

Creen que de este modo la Diputación hace "dejadez de funciones en los últimos tiempos" sobre el Centro Residencial Infantas Elena y Cristina, ya que continúa "sin funcionar al cien por ciento, con varias plazas vacantes, y sin abrirse la Unidad de Convalecencia", a pesar de los 223.000 euros invertidos en obras para la adecuación del espacio, y "sin realizar las destinadas a dos unidades de convivencia" dejando a Ávila a la cola de Castilla y León en estos servicios.