Formación para la atención a las víctimas de la violencia machista

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha manifestado que el objetivo de este "modelo de vanguardia" es el de "prestar mejor atención a las víctimas", "detectar con antelación la violencia machista" y realizar "un seguimiento para normalizar cuanto antes la situación de estas mujeres a través de la inserción laboral".

García ha acudido al curso impartido en Ávila para 50 profesionales que prestan sus servicios en los 11 CEAS que funcionan entre la capital y la provincia.

Hasta el 25 de junio se desarrollarán los cursos en Segovia, Zamora y Valladolid, ya que después del verano se continuará con la formación en las otras cinco provincias.

Estos cursos se dirigen a todos los profesionales implicados en la atención a las víctimas: a los 578 trabajadores sociales de CEAS que ya trabajan con las víctimas, y también a psicólogos, animadores socioculturales, asesores jurídicos y educadores.

Formación práctica

El diseño del nuevo modelo fue elaborado por 75 profesionales en diferentes grupos de trabajo. La formación, "eminentemente práctica", es considerada "fundamental" por la Junta para la implantación del modelo integral, que incluye que la víctima cuente con "un profesional de referencia", según ha explicado la consejera.

La intención es que profesionales conozcan los nuevos materiales y herramientas elaborados para facilitar la implantación del  nuevo modelo para prestar mejor atención a las víctimas. Se trata de la 'Guía de coordinación para la atención a víctimas de violencia de género', la 'Guía de orientación jurídica', y el 'Manual de apoyo para la intervención psicológica'.

La consejera ha destacado la "implicación" de las diputaciones y ayuntamientos, y ha subrayado la firma de un convenio de colaboración con el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León para el intercambio de información y la agilización de la tramitación de órdenes de protección y sentencias.

Este convenio permitirá que 40 jueces de la Comunidad tengan a su disposición la historia social de las víctimas, así como de su situación, mientras que otro acuerdo con el Consejo de la Abogacía de la Comunidad posibilitará la formación de 650 profesionales en este ámbito.