La movilización ciudadana surgida en Arévalo y en los municipios de alrededor ha conseguido que la Junta de Castilla y León rectifique su intención inicial de eliminar en la práctica el citado servicio sanitario, pero para la procuradora socialista, Mercedes Martín, que apoya las protestas, cree que “no es suficiente”.

Al respecto, ha llevado el asunto las Cortes autonómicas, con el fin de que el Gobierno regional “deje de lanzar globos sonda para ver cómo reacciona la población y aporte tranquilidad a la incertidumbre que había causado entre la población los recortes que afectaban a la UCI móvil medicalizada de Arévalo”.

Desde su punto de vista, “si el consejero quiere ser creíble, sólo vale una respuesta tajante y un compromiso firme de que dicha UCI se mantendrá para siempre como desde el año 2004, es decir, las 24 horas del día y los 365 días del año”.

En caso contrario, “si la Junta persiste en reducir la dotación de médicos y enfermeras que aseguran la cobertura de la unidad medicalizada, el PP volverá a constatar que prefiere anteponer la crisis, el déficit y los recortes a algo tan serio como salvar la vida a las personas en situación de urgencia”, ha dicho.

Y es que, según ha destacado, entre otros aspectos, un polígono industrial en expansión, la existencia de un importante nudo de comunicación ferroviario y por carretera, el uso habitual en la zona de maquinaria pesada agrícola y el hecho de que Arévalo sea el centro neurálgico de la comarca “justifica que el centro de salud de Arévalo esté dotado de la UCI móvil medicalizada que tanto esfuerzo y lucha costó a los ciudadanos de la comarca que se movilizaron en 2004 para conseguirla”.