Con la contratación de vigilantes privados "no se dan garantías suficientes al pescador y pueden propiciarse intereses particulares y usos privativos", por lo que exigen que la vigilancia esté a cargo de los agentes medioambientales, "que tienen autoridad y garantías jurídicas para ello".

Según el CSIF, el reglamento es un "esperpento" por querer habilitar a vigilantes voluntarios que no pertenecen al personal de la Administración pública, además de que las denuncias carecerán de valor probatorio como tampoco de "la objetividad, imparcialidad e independencia que se debe garantizar a los pescadores y a los ciudadanos en general".

Creen "inconcebible" que unos vigilantes no regulados por la Ley de Función Pública ni por la normativa estatal en materia de seguridad privada sean reconocidos por la normativa de pesca, y que se les quiera autorizar a requerir los datos personales de quienes disfruten del río y exigir que le muestren lo que lleva en sus bolsillos, en sus cestas, bajo la amenaza de enfrentarse a una sanción de 3.000 a 10.000 euros.

Uso privativo

CSIF advierte que el reglamento que se quiere aprobar restringe el acceso al puesto de vigilante de pesca exclusivamente a aquellas personas pertenecientes a las asociaciones colaboradoras de pesca, "entidades que son las que pondrán y quitarán los vigilantes", en una vigilancia alternativa que controlará tramos concretos de los ríos, "por lo que se crean las condiciones para propiciar un uso privativo del dominio público hidráulico".

Entre los beneficios para estas asociaciones, la Administración contempla la aprobación de ayudas, "por lo que estas pervertidas labores de vigilancia pueden financiarse con un dinero público, que se necesita para sacar del completo abandono y dotar de medios, personal o incluso de gasolina a la Escala de Agentes Medioambientales".

En caso de aprobarse esa vigilancia, los servicios jurídicos de CSIF estudian la impugnación, y piden se sumen "todos aquellos pescadores y asociaciones críticas con la forma de regular la pesca" de la Junta. El plazo para aportar opiniones y valoraciones al Proyecto de Reglamento de la Ley de Pesca de Castilla y León finaliza el 24 de mayo.