Tras las alegaciones presentadas por la Diputación de Ávila, que rechazó en un pleno extraordinario la ordenación presentada por la Junta, por no contar con los municipios y por entender que no es el momento para afrontar esta ordenación, la Junta ha admitido cambiar la denominación de la unidad ‘Valle del Corneja’ por ‘Piedrahita Valle del Corneja’, pero no ha tenido en cuenta la presentada contra la inclusión de municipios de Segovia.

Así, la unidad denominada ‘Tierra de Arévalo’ incluirá 30 localidades; entre ellas, las segovianas de Martín Muñoz de las Posadas, Montejo de Arévalo, Tolocirio, San Cristóbal de la Vega, Rapariegos, Donhierro y Martín Muñoz de la Dehesa, quitando el de  Codorniz, lo que supondrá tener una población cercana a los 15.000 habitantes.

Esta propuesta, similar a la presentada en septiembre, se someterá, a partir del 12 de mayo, que se publicará en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), al trámite de audiencia de los municipios de la Comunidad, que podrán presentar alegaciones hasta el 13 de junio.

Flexibilidad

Según el consejero de la Presidencia de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, este proyecto ha flexibilizado puntos de la normativa de ordenación ya aprobada, como el establecimiento de garantías sobre la pervivencia de las mancomunidades actuales, aunque se supedita su financiación a que funcionen “bien”.

También el proyecto de ley incluirá puntos relacionados con la garantía del mantenimiento  de los servicios esenciales autonómicos en el medio rural –escuelas, consultorios, CEAS, etc.-, para “espantar fantasmas” en torno a estos puntos.

Igualmente, se flexibiliza la cartera de competencias de las mancomunidades de interés general, con el fin de que tengan “un núcleo menor”, y se abren, para que “no sean tan cerrados” los criterios de coincidencia de las mancomunidades con las UBOST.

Tras este último trámite, se convocará al Consejo de la Corporación Local para dar a conocer los últimos informes de la Junta sobre las alegaciones pertinentes, tras lo que se elaborará una norma con rango de Ley para elevar el proyecto a las Cortes.

La Junta espera que la normativa esté aprobada a finales de junio o principios de julio, aunque, dado que la convocatoria de elecciones puede dilatar los plazos, se prevé que la ley esté aprobada este año.