La organización abulense ha recordado su oposición a este impuesto vigente desde 2012, al considerar que supone un “cobro adicional” a los empresarios y a las familias, tal como recoge el argumento de la proposición aprobada en la Diputación con el apoyo de todos los grupos políticos.

Esta tasa, según Confae, menoscaba los intereses de los empresarios, que vieron cómo se segregaba en distintas tasas la de recogida de basuras, aumentando la presión fiscal municipal desde un 30 hasta un 50 por ciento en muchos casos, ya que se pagan “costes añadidos” en función de las basuras o residuos que se generan.

Tasa de basuras
Opinan que la tasa de recogida de basuras que cobran los ayuntamientos “ya integra todos y cada uno de los residuos”, como son la recogida, el transporte, el tratamiento de los mismos o el mantenimiento de los vertederos.

La patronal ha recordado que, en el momento de su entrada en vigor y sin computar los incrementos posteriores, un restaurante de dos tenedores pagaba una tasa anual de basuras de 1.178,18 euros y una tasa anual de eliminación de residuos de 474,06 euros; un comercio de alimentación abonaba una tasa de basuras de 220,46 euros, una tasa de residuos de 88,03 euros y una tasa más de embases y embalajes;

Por su parte, una panadería de hasta 249 metros cuadrados, pagaba una tasa de basuras de 250,49 euros, una tasa de residuos de 166,63 euros y una tasa de envases y embalajes que partía de los 170,21 euros, mientras que un taller mecánico tipo, por ejemplo, pagaba una tasa de basuras de 358,44 euros, una tasa de residuos de 143,13 euros y otra tasa de retirada de residuos y subproductos de 99 euros por operario productivo.

A juicio de Confae, todo esto “pone en evidencia” que la tasa de tratamiento y eliminación de residuos, en proceso de supresión, está siendo “claramente recaudatoria”.