Tanto el decreto 2/2016 de 4 de febrero como el 3/2016 de 4 de febrero “no regulan la atención residencial e imponen un modelo a los centros concertados que impide garantizar la calidad asistencial con gran dependencia".
"Ambos decretos no tienen en cuenta la Ley de Dependencia y plantean retrocesos respecto a las exigencias arquitectónicas, al personal técnico o seguridad”, critica.

En este punto, la edil ha destacado varios puntos que “ponen sobre la mesa la necesidad de, cuanto menos, revisar los textos referidos, ya que se contempla, por ejemplo, alejarse del carácter hospitalario, pese a que la mayoría de los usuarios de estos centros son personas con pluripatologías que necesitan una atención sanitaria concreta".

Jiménez entiende que “la coordinación, interrelación y colaboración entre el sistema público de salud y el sistema de servicios sociales no puede hacerse a costa de no garantizar suficientemente la atención sanitaria a los residentes y a costa de reducir la calidad en los servicios de atención residencial o rompiendo los principios de equidad, de garantía, seguridad y acceso a los recursos”.

Por eso, la concejala reclama una legislación cuyo objetivo sea “facilitar a cada persona una respuesta en función de su estado físico, por lo que los decretos señalados ponen en peligro este objetivo ya que su aplicación resultará excluyente con quien tiene menos recursos económicos”. Igualmente, ha agradecido a los trabajadores de los centros su entrega y su profesionalidad pese a las trabas de la Junta de Castilla y León.