Este informe ha sido emitido a instancias del diputado responsable de Recursos Humanos, Juan Pablo Martín, según se ha afirmado por parte del equipo de Gobierno, a la vez que ha anunciado que la elaboración de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) saldrá a licitación “en los próximos días”.

A raíz de la denuncia de Trato Ciudadano sobre el intento de realizar una conversión supuestamente irregular de 63 trabajadores de la institución para que pasaran a ser “personal laboral indefinido no fijo”, desde el equipo de Gobierno se ha señalado que la RPT saldrá a licitación tras ser aprobada “por unanimidad” de los grupos políticos en la Comisión de Recursos Humanos del pasado 14 de marzo.

Ajustar recursos
Según la institución, este paso es una “muestra del compromiso” para “mejorar la gestión de los recursos humanos” y “lograr una RPT actualizada, más flexible y eficiente”, para ajustar los recursos “a la realidad de la institución”.

Así, la Diputación ha rechazado “tajantemente” las acusaciones de Trato Ciudadano sobre “la realización, en la actualidad, de contrataciones ilegales” y también sobre la “falta de actuaciones” en el ámbito de los Recursos Humanos.

Según la institución provincial, el intento de reconocer a “determinados trabajadores” como personal laboral indefinido no fijo no ha tenido otro objetivo que el de “simplificar la compleja estructura de personal existente en la actualidad”.

Es más, ese paso “en ningún caso supondría la consolidación del puesto de trabajo como fijo ni, por supuesto, su funcionarización o adquisición de nuevas condiciones laborales para ninguno de los posibles afectados”.

Unanimidad sindical
También la Diputación ha explicado que la propuesta se había planteado “con la unanimidad de todos los representantes sindicales”, al entender que era una medida “beneficiosa” para la institución, y que contaba con “informes técnicos que la avalaban”.

Sin embargo y tras un informe jurídico emitido por la secretaría general, a instancias del diputado responsable de Recursos Humanos, la propuesta no se llevará a cabo.

“Todas las decisiones y acuerdos han quedado siempre supeditados al estricto cumplimiento de la legalidad vigente”, ha concluido la Diputación.