La investigación comenzó hace meses tras recoger quejas y denuncias de alcaldes de la provincia, que habían contratado publicidad o donativos a la Guardia Civil a pesar que el instituto armado ni solicita dádivas ni contrata publicidad.

Bajo el nombre de operación Publicity se ha constatado que al menos medio centenar de ayuntamientos de la provincia habían recibido ofertas, en nombre de la Guardia Civil, para inserciones publicitarias en revistas o para obtener donativos para la Guardia Civil, sus huérfanos o fundaciones, "con lenguaje muy sugerente y a veces amenazante".

Las solicitudes procedían de una empresa de publicidad radicada en Madrid y sin ninguna relación con la Guardia Civil, sin bien tiene contrato con una Asociación Profesional de la Guardia Civil, que "nada tiene que ver con las prácticas de contratación de la empresa de publicidad", ya las contrataciones eran para la editar la revista de la asociación.

Localizados e identificados los responsables, se han abierto diligencias y se ha acusado, en calidad de investigados, al responsable de la empresa mercantil, la administradora y uno de sus empleados.

La Guardia Civil, que no ha facilitado el nombre de la empresa ni las identidades de los investigados, ha llamado la atención de que en estos casos se juega con la buena fe y la confusión, para hacer creer que se apoya a la institución mediante colegios de huérfanos, hermandades, mutuas o fundaciones.