Tras el "fracaso" de las medidas adoptadas hasta ahora mediante la suscripción de seguros por parte de los ganaderos y la autorización de batidas esporádicas, los socialistas pedirán a la Junta que "asuma la totalidad de las indemnizaciones de los daños del lobo en la ganadería por vía patrimonial", como obliga la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que ratificó posteriormente el Tribunal Supremo en marzo de 2013 y que declaró la nulidad de parte del artículo 12 del Plan de Conservación y Gestión del Lobo, referido a la compensación de daños.

La fórmula de la responsabilidad patrimonial de la Administración ya se aplica en Asturias.
Además reclamarán que los pagos se efectúen en un plazo máximo de un mes, sin ningún coste añadido para los ganaderos y que incluyan el lucro cesante, para que al valor del animal muerto se sumen daños como el incremento de abortos por el estrés del ganado o la disminución de la producción lechera.

Por otra parte, también quieren que se vuelvan a otorgar ayudas, como las mantenidas hasta 2011, para financiar a los ganaderos la creación de infraestructuras de protección de la cabaña. Esta línea de subvenciones estaba incluida en las ayudas para el fomento de las explotaciones de ganado en régimen extensivo y mejora de los pastos comunales de Castilla y León, y recogía partidas específicas para inversiones para la protección del ganado frente a los ataques del lobo.

El PSOE cita que, según las organizaciones agrarias, las pérdidas en Castilla y León por este motivo han sido de ocho millones de euros en el último lustro, con alrededor 4.000 reses muertas de media anual en los últimos años.

El grupo de trabajo dedicado a este asunto por los socialistas en el Parlamento autonómico  está formada por los procuradores Juan Luis Cepa y Fernando Pablos (Salamanca), José Luis Aceves (Segovia), Juan Carlos Montero (Ávila), José Ignacio Martín Benito (Zamora) y Tino Rodríguez (León).