La organización criminal ha caído gracias a la operación Mediador Yuca. A los detenidos se les acusa de los delitos de blanqueo de capitales, medio ambiente, fraude fiscal, falsedad documental, delito societario, usurpación de estado civil, tenencia ilícita de armas, hurto y cohecho. Dos chatarrerías se han precintado: una en la capital abulense y otra en El Tiemblo.

En una inspección superficial del Impuesto de Sociedades se ha detectado una ocultación a Hacienda de objetos y bienes por más de dos millones de euros, lo que significa un fraude fiscal de 750.000 euros, según los detalles de la investigación aportados por el capitán Luis Ángel Horga, que sólo se ha hecho de dos ejercicios fiscales.

Resta "investigar, estructurar y analizar" una "ingente documentación", por lo que no se descartan encontrar más  detenciones o responsabilidades.

El importe del fraude podría ser mayor, ya esta empresa ha facturado durante los últimos cuatro ejercicios fiscales cerca de 16 millones de euros. Lo sorprendente es que esperaban una investigación, porque tenían preparada una contabilidad paralela con la anotación "para cuando venga la Guardia Civil".

Tres operaciones
La operación ahora desarrollada es fruto de otras tres realizadas en la provincia de Ávila en los últimos tres años, debido a los robos en determinadas zonas del medio rural, que acabaron con la detención de 12 personas implicadas en casi 90 robos. En la mayoría de los casos los objetos robados iban a parar a la chatarrería investigada, ubicada en El Tiemblo peor con sede también en un polígono de la capital.

Las operaciones anteriores fueron la denominada Esperanza, con seis detenidos por 12 delitos de robos de efectos agrícolas y cobre; la operación Grifols, con tres arrestos con 51robos de elementos de fontanería y tuberías en viviendas; y la operación Zaca, en la que se desmanteló una organización dedicada al robo de vehículos y venta al por menor de piezas, con tres detenidos por el robo de 23 vehículos.

Inspecciones
A estas operaciones se sumaron las inspecciones administrativas del Seprona, en las que se había denunciado una veintena de infracciones de tipo medioambiental, relacionadas con carecer de autorizaciones para el tratamiento de gestor de residuos, tanto normales como los de tipo especiales, tóxicos, peligrosos, y los que tenían que ver ocon el tratamiento chatarra en general, a pesar de los cual la instalación no fue clausurada.

Entonces fue cuando la jefatura de Comandancia de la Guardia Civil de Ávila ordenó la apertura de investigaciones para  determinar la implicación de dicha empresa mercantil en actividades de origen criminal.

En la primera fase se detuvo a cuatro personas por delitos de robo en viviendas, además de otra por apropiación indebida de vigas de hierro valoradas en más de 200.000 euros, y otra por el robo de una motocicleta, cuyos efectos iban a parar a la chatarrería para su tratamiento y apariencia legal. Este tipo de negocio ilícito consiste en recepcionar los objetos robados o adquirir sin autorización residuos de todo tipo (peligroso, especiales o tóxicos) para luego "blanquearlos" e introducirlos en el mercado dando apariencia legal.

Segunda fase
El mayo ha sido cuando se ha comenzado a desarrollar la segunda fase, orientando la investigación hacia un presunto delito de receptación y blanqueo de capitales, y se obtuvieron datos para verificar que la empresa contaba con una organización que le proporcionaba numerosas  documentaciones sustraídas de personas fallecidas, o bien con la firma mediante precio de otras, para imputar la compra a personas distintas de numerosos efectos procedentes de robos, si bien falsificaban los registros dándoles apariencia de legalidad a todos ellos.

Como quiera que la compra de dichos efectos se realizaba por un valor muy inferior al normal del mercado, dado su origen ilícito, y sin embargo su reventa lo era por precios normales, se generaban unas plusvalías muy elevadas.

Ante esto y mediante falsificación de nuevas compras a personas cuya filiación conocían y de difícil localización, ya que eran origen extranjero o residentes en zonas marginales y no localizables, justificaban unas adquisiciones que no se habían producido en cuantías muy elevadas lo que a la vez les servía para ocultar a la Hacienda Pública una importante cantidad de dinero y para eliminar el rastro de los efectos ilícitos que tenían entrada en su establecimiento.

Contrato público
En el transcurso de la investigación se determinó cómo los administradores de la empresa procedían a establecer contacto con una persona encargada de contratos mercantiles de una empresa pública, y del que consiguieron un contrato público, que en un solo día les reportó unas plusvalías de más del 2.000 por ciento.

También sobre la empresa pesan delitos medioambientales en el tratamiento de residuos peligrosos y contra los derechos de los trabajadores, al no haber tomado medidas para evitar que dichos residuos pusiesen en peligro grave la salud de sus trabajadores.

La sociedad carece de las autorizaciones preceptivas para esta clase de actividad y ha falseado los datos entregados en el Registro Mercantil en lo referido a sus fondos de reservas, de ahí que también se les impute un delito societario.

En las investigaciones se encontró documentación que corrobora las imputaciones, así como otro diverso material que aportan indicios suficientes como para ampliar las investigaciones iniciales.

La operación ha corrido a cargo de la Unidad Orgánica de Policía Judicial con apoyo de las inspecciones del Seprona y de la compañía de Cebreros.