En la denominada Operación Bartolillos, al hombre se le acusa de la comisión de un supuesto delito de falsedad documental, por solicitar guías de origen y sanidad animal dando a los servicios veterinarios un número CEA (Código de Explotación Agropecuaria) de un tercero sin su consentimiento.

La Guardia Civil comenzó a investigar al conocer que entre varios burros que había en un prado de Sotillo, uno de ellos poseía un microchip a nombre de una persona de la localidad cuando el animal debería encontrarse en una explotación equina de Cadalso de los Vidrios (Madrid), según consta en el número CEA.

Los agentes de Casavieja averiguaron la titularidad de los équidos y comprobaron quien era el titular y que la documentación de traslado de los asnos había sido falsificada, utilizando para ello un número CEA del titular de una explotación equina de la localidad madrileña para amparar el traslado del animal sin su consentimiento.

Luego se conoció que los cuadrúpedos fueron vendidos a una persona de Sotillo, pero al consultar las bases oficiales de los movimientos animales figuraba que no habían pasado por la explotación, que su titular no tenía conocimiento de que los burros estuvieran en ese lugar, y que al confeccionar la Guía de Origen y Sanidad Animal daba el numero CEA del titular de la explotación de Cadalso de los Vidrios.