A juicio de los candidatos, el nuevo proceso constituyente debe tener en cuenta la “participación efectiva” de la ciudadanía, “sin pactos por la puerta de atrás ni engaños consentidos”, como, han recordado, ocurrió con el artículo 135 de la Constitución por parte de los dos partidos mayoritarios.

Frente a la renovación que algunos plantean, desde IU-UP se aboga por una revisión “total”, que permita “blindar los derechos sociales”, de la misma forma que se han comprometido a derogar el artículo 135 de la Constitución, porque “convirtieron en prioritario el pago de la deuda”.

“Es muy peligroso creer que el control del déficit está por encima de las pensiones o la sanidad”, han añadido, antes de señalar que la nueva Constitución articularía también la propuesta de IU-UP de trabajo garantizado, para que un ciudadano pueda reclamar su derecho al trabajo en un juzgado si no lo encuentra en el mercado, así como el blindaje de las garantías sociales y la defensa específica de los valores feministas.