Al mismo tiempo, han pedido la suspensión de la venta a esta última firma como medida cautelar.

En la querella, se acusa a los expropietarios de Elgorriaga de un supuesto delito de estafa y de otro de frustración de la ejecución respecto a los acreedores, al considerar que Presa y Morán habrían roto el preacuerdo con Tartalia.

Los responsables de Tartalia se sienten, según su representante Julio Mañas, “moralmente estafados”, a la vez que ha apuntado a que podrían existir “razones económicas” para el proceder de los expropietarios.

El representante de la empresa madrileña ha afirmado que existían “irregularidades muy serias” en la documentación que se les presentó, pero que las habían obviado con el objetivo de “sacar la operación adelante”.

Así, la querella pide investigar las actuaciones que "podrían ser constitutivas de un delito por estafa impropia por doble venta", así como por la "posible frustración de ejecución respecto a los acreedores", ya que “se ha incumplido gravemente un preacuerdo” pese a que había de por medio un contrato de compraventa, además de darse una “fraudulenta doble venta”.

Como medida cautelar, han solicitado la suspensión de la venta y los embargos que correspondan para “afianzar” las cantidades de responsabilidad civil por una cuantía que ascendería a “medio millón de euros”.