“Sin perjuicio de las fórmulas de colaboración voluntaria” entre los municipios que puedan plantearse “en el futuro”, los diputados ‘populares’ han recordado que, en Castilla y León, la “mayoría” de la población reside en localidades de menos de 20.000 habitantes y que el elemento “básico” de la ordenación territorial es el municipalismo, mientras que las diputaciones son el “elemento aglutinador y potenciador” de ese municipalismo.

A su juicio, el papel de las diputaciones es si cabe más importante aún en casos como el de la provincia abulense, donde esta institución ha trabajado “desde hace dos siglos” para defender los intereses de los 248 municipios y acercar servicios allí donde “difícilmente sería posible que llegasen”.

Constitución

Tras recordar que la figura de las diputaciones tiene su refrendo jurídico en la Constitución Española de 1978, el Grupo Popular en la Diputación de Ávila ha defendido que estas instituciones “garantizan, en su ámbito territorial, la igualdad y homogeneidad de los servicios públicos” para “todos” los habitantes de la provincia, “aunque residan en municipios pequeños”.

Así, los diputados han solicitado a la Diputación Provincial que muestre su apoyo a la existencia de estas entidades como “instituciones necesarias en el apoyo y asistencia a los municipios” y como “mejores garantes” de la accesibilidad de servicios públicos adecuados para sus vecinos, además de como elementos “imprescindibles” en el proceso de redistribución de fondos públicos para mejorar la cohesión territorial.

Y ello admitiendo que hay que “mejorar” la “eficiencia y eficacia” de “todas” las Administraciones Públicas y las “dificultades” que implica la dispersión geográfica.

Por esto, también han pedido que la Diputación manifieste su apoyo a todas aquellas medidas tendentes a la mejora de los servicios a los que puedan acceder los vecinos de los municipios rurales de la provincia y que el Gobierno de la Nación garantice que toda persona tiene derecho a residir en cualquier municipio y recibir unos servicios públicos “iguales” y “de calidad”.