El objetivo es que esta prestación alcance a las personas y familias más vulnerables, por carecer de recursos  económicos suficientes para atender sus necesidades básicas de subsistencia.

Los acuerdos que se alcancen se traducirán en cambios en la legislación con la aprobación de un decreto-ley para la flexibilización y mejora de la prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía. Estas mejoras serán, al mismo tiempo, sometidas al consenso de los grupos parlamentarios en las Cortes de Castilla y León.

El acuerdo se ha alcanzado en la primera reunión prevista de la mesa del Diálogo Social relacionada con la Renta Garantizada de Ciudadanía, en la que han participado representantes de los agentes económicos y sociales -UGT, CCOO y Cecale-, así como representantes de las consejerías de Familia e Igualdad de Oportunidades y de Empleo y Economía y Hacienda.

La Renta Garantizada de Ciudadanía es una prestación que se ha convertido en un instrumento decisivo para atender las necesidades de inclusión social de las personas. Desde su puesta en marcha, en 2011, ha atendido a casi 56.000 personas y contará en 2016 con un presupuesto de 69 millones de euros, un 25,52 por ciento superior al del presente ejercicio.