Como las reclamaciones laborales no fueron atendidas y el conflicto social subsistía,  los jornaleros se manifiestan de nuevo el 2 de marzo de 1898 con el lema “pan barato y trabajo para los obreros de Ávila”. La manifestación salió de la plaza de Santa Ana y discurrió hasta el Gobierno Civil y el Ayuntamiento, recorriendo calles y plazas.

Triste imagen de la ciudad la de estos tiempos de miseria y pobreza.

El viernes siguiente, día 4 de marzo de 1898, era día de mercado, y se temían nuevos disturbios, los cuales fueron evitados por la Guardia Civil, a cuyos efectivos se sumaron cien números más llegados de Madrid.

Para paliar la situación, el Ayuntamiento empleó a trescientos obreros y se distribuyeron alimentos, y también se abrió una lista de suscripción entre los mayores contribuyentes “para aliviar a la clase obrera”.

A propósito, entonces, de estas reseñas que hemos tomado prestadas de la historia de Ávila, en relación con las últimas manifestaciones producidas contra la crisis económica que padecemos, enseguida no asaltan las siguientes cuestiones. 

Ha transcurrido más de un siglo, y nadie duda de que el ejercicio del derecho constitucional de manifestación sea una forma de expresión política y social de la ciudadanía frente a sus gobernantes.


Pero, qué ha pasado en todos estos años para que todavía hoy los lemas de “paz y trabajo” o “pan barato y trabajo para los pobres” sigan estando vigentes.

¿Por qué parece que nadie representa a los que deciden  expresarse en público pidiendo “pan barato y trabajo”?

¿Por qué el derecho de manifestación se presenta como un derecho al pataleo panfletario demagógico?

¿Por qué la única fuerza reivindicativa, a veces desesperada, que le queda a la gente es la de manifestarse?

¿Por qué muchos gobernantes se “mofan” del “griterío” de los que reclaman agrupados en desfiles callejeros?

¿Por qué existe un divorcio abismal entre los manifestantes y la clase política?

¿Por qué no se considera la manifestación como uno de los verdaderos cauces  de participación en los asuntos públicos?

¿Por qué el derecho constitucional de manifestarse está vacío de contenido y nadie está obligado a atender las proclamas?

¿Por qué parece que manifestarse es el resultado de una impotencia sobrecogedora propiciada por la desconfianza e incapacidad que presentan los verdaderos responsables?

¿Por qué lo políticos que denostan las manifestaciones como forma de expresión popular se apuntan a ellas cuando les son favorables?

¿Por qué se produce una crisis de valores entre manifestantes y las dirigentes?

¿Por qué manifestarse es el fruto de la desesperanza?

¿Por qué el manifestante parece que sólo encuentra consuelo y alivio esporádico y pasajero en sus compañeros de manifestación?

¿Por qué el manifestante no encuentra apoyo solidario más que en su entorno familiar y entre algunos compañeros de trabajo?

¿Por qué al manifestante se le despersonaliza y se le acusa de ser “acarreado” por terceros con intereses espurios?

¿Por qué a los manifestantes algunos los acusan de quejarse por mantener ciertos privilegios o prebendas?

¿Por qué los manifestantes parecen los culpables de la situación de la que se lamentan?

¿Por qué se dice al manifestante que por lo que reclama se hace por su bien?

¿Por qué los desempleados y los más desfavorecidos apenas se manifiestan?

¿Por qué los poderes públicos no tienen ninguna obligación de responder a las reivindicaciones y reclamaciones que se plantean en las manifestaciones?

¿Por qué todas estas y otras muchas preguntas son ignoradas por los poderes públicos?

Mientras tanto, Ávila se manifiesta estos días tímidamente por actuaciones fraudulentas de algunas entidades financieras.

Los funcionarios se concentran cada viernes.

Profesores, educadores y sanitarios hacen oír su voces contra los recortes y ajustes.

Quienes nos gobiernan no saben, no contestan.

Y los estudiantes y jóvenes, agricultores y ganaderos, jubilados y pensionistas, parados y desempleados están temerosos por un futuro incierto.

Ávila todavía no se manifiesta pidiendo pan.

El pan que pedían nuestros padres en el siglo XIX son hoy el estado de bienestar y las prestaciones alcanzadas después de un siglo y sobre las que se ha iniciado en tremendo retroceso social.

Y nadie responde.