El cálculo se ha realizado sobre la base de un cuadro económico que contempla un crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) del 2,7 por ciento, una tasa de paro del 17,8  por ciento y un incremento de los empleos equivalentes a tiempo completo del dos por ciento.

El techo de gasto surge de la suma de tres magnitudes: por una parte, los ingresos no financieros que prevé obtener la Comunidad en 2016 –8.708,6 millones de euros, el 4,11 por ciento más que hace un año–; por otra, los recursos asociados al objetivo de déficit, fijado en el 0,3 por ciento del PIB autonómico y que se traduce en 174,8 millones y, para terminar, la cifra derivada de los ajustes de Contabilidad Nacional, que en 2016 es positiva y asciende a 2,9 millones de euros.

La aplicación de un límite de gasto no financiero refleja el compromiso de la Administración autonómica con la sostenibilidad de las cuentas públicas y la estabilidad presupuestaria, a la que obligan tanto la Constitución como la normativa de la Comunidad y de la UE.

El acuerdo adoptado permite dar cumplimiento a la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera del Gobierno de España, que impuso tres condiciones a las comunidades autónomas: para empezar, que sea compatible con el cumplimiento del 0,3 por ciento de déficit para 2016. En segundo lugar, que la cantidad resultante esté por debajo del objetivo de deuda, que para Castilla y León es del 18,6 por ciento del PIB como máximo. Y, por último, que sea conforme a la regla de gasto; es decir, que aumente por debajo de la tasa de referencia de la economía nacional para el año que viene, establecida en el 1,8 por ciento.

La aprobación del techo de gasto es, además, un paso “necesario” en la elaboración del Proyecto de Ley de Presupuestos de la Comunidad para 2016 que debe entregarse a las Cortes antes del 15 de octubre.