La investigación se inició cuando los agentes observaron en un recinto en construcción la colocación de un cartel sobre  seguridad, que decía 'Obra con vigilante patriarca XXX control 24 horas'.

Al sospechar que detrás pudiera haber supuestos delitos de coacciones, amenazas, usurpación de funciones públicas o intrusismo, y se infringía la Ley de Seguridad Privada, la Unidad de Policía Judicial de la Comandancia comprobó en días sucesivos que la persona detenida realizaba en dicho lugar de forma muy ocasional funciones de vigilancia dentro y fuera de la obra.

Según la Guardia Civil, las empresas constructoras, "para evitar situaciones de otro tipo, y al tener maquinaria y efectos de valor en la obra, se ven presionadas a contratar esta clase de servicios como vigilante de seguridad a sabiendas de su ilegalidad".

También se ha recordado que para realizar esta clase de actividades se deben cumplir unos requisitos y obtener previamente la correspondiente habilitación del Ministerio del Interior con unas condiciones, entre las que se encuentran uniformidad, identificación, cursos específicos oficiales y examen de habilitación, de acuerdo a la supervisión y control de esta clase de actividades de acuerdo a la Ley de Seguridad Privada, cuya competencia de control se realiza por parte del Cuerpo Nacional de Policía en vigilantes de seguridad, y por parte de la Guardia Civil a la especialidad de guardas rurales.

La Guardia Civil ha recordado a los empresarios que deben denunciar los casos de intrusismo, ya que las sanciones por estas actividades ilegales pueden ser sancionadas con entre 30.000  y 600.000 euros, dado que el artículo 57 de la ley advierte contra "la contratación o utilización, en servicios de seguridad privada, de personas que carezcan de la habilitación o acreditación correspondiente".