El acuerdo, suscrito el miércoles por los portavoces de los grupos parlamentarios implicados, recoge, en primer lugar, la reforma del Estatuto de Autonomía, centrándose en la incorporación del Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública y la Red de protección a las personas y familias. También contempla fijar un suelo de gasto social, fortalecer el papel de las entidades locales como prestadoras de servicios de proximidad, limitar los mandatos de responsables públicos y el número de consejeros y aforados, así como la compatibilidad de los procuradores con ser alcaldes de municipios de más de 20.000 habitantes.

Por lo que respecta al modelo de ordenación territorial, se abordará un mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios rurales, las áreas funcionales estratégicas y el Plan Plurianual de Convergencia Interior.

El tercer apartado del acuerdo rubricado muestra la voluntad de las partes por alcanzar una posición de Comunidad en relación con el nuevo modelo de financiación autonómica, antes de que se inicien las negociaciones con la Administración central, con el fin de incluir, al menos, las características recogidas en el Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Finalmente, negociarán un pacto en torno a la reindustrialización de la Comunidad, en el marco del Plan Director de Promoción Industrial, para que la industria alcance un peso del 20 por ciento del PIB en el horizonte del año 2020.

El acuerdo ha sido rubricado por los portavoces del PP, Carlos Fernández Carriedo; PSOE, Luis Tudanca; Ciudadanos, Luis Fuentes: y Podemos, Pablo Fernández.