Aunque la actuación rápida del veterinario ha permitido salvar, de momento, la vida del animal, la Alianza UPA-COAG ha exigido a la Junta de Castilla y León que tome cartas en el asunto y actúe con la responsabilidad que el caso exige.   

La organización agraria ha considerado que la política en la gestión del lobo está ocasionando “gravísimos perjuicios” a los profesionales, que se encuentran “indefensos” ante los lobos y ante la Administración autonómica, que “prioriza la figura del lobo antes que la del ganadero profesional”.