La denuncia dice que Bankia, como entidad resultante de la integración de varias cajas con Caja Madrid, "ha demostrado ser un agujero financiero que absorbió y dejó sin valor a Caja de Ávila y por ende el patrimonio de la misma”, por lo que la Fundación Caja de Ávila, sucesora de lo que era obra social de la caja quedó en "una situación patrimonial extremadamente delicada”. La presentan ahora tras la querella contra Bankia y que se observasen indicios de delito en la actuación del órgano rector de la caja abulense.

La entidad que se integró en BFA-Bankia era, “en teoría, solvente y con una situación económico-financiera razonablemente buena”, si bien “no resulta en absoluto descabellada la hipótesis de que los balances con los que Caja de Ávila accedía al SIP (Sistema Integrado de Protección) no reflejasen la realidad de su solvencia”.

La denuncia va dirigida contra los 17 integrantes del consejo cuando se acordó la integración en Bankia, con Agustín González, presidente de la Diputación, en la presidencia.

Entre ellos se encontraba el alcalde de Ávila, Miguel Ángel García Nieto; además de otros nueve regidores del PP y uno del PSOE. Se trata de José Enrique Blanco Cea, Fernando Carrasco del Río, Juan Díaz Jaro, Juan José Encinar Herrero, Miguel Ángel García Nieto, Miguel Ángel Gil López, José González San Agapito, José María Manso González, José Martín Jiménez, José María Monforte Carrasco,  Alberto Muñoz González, Antonio Padró Iglesias, - Pedro Pablo Pascual Sanz, Luis Pérez Pérez, Ángel Rodríguez Hernández y Moisés Sánchez Vetas.

Bankia quebrada

El partido magenta destaca que estos consejeros fueron quienes acordaron la absorción por BFA-Bankia, cuando ésta "se ha demostrado que estaba en causa de disolución por razones económicas”, que se encontraba "quebrada y, por tanto, dilapidó todo el patrimonio de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ávila”.

"No es muy habitual que una empresa relativamente saneada, solvente y con patrimonio neto positivo se suicide integrándose en otra en quiebra", añade la denuncia, que señala que o bien "un hubo dolo" de los administradores, “que conocían la situación real y aún así mandaron a la mercantil que administraban y, por ende, su patrimonio al ostracismo, dilapidándola”, o hubo “negligencia” e “imprudencia”, ya que “no obraron con la debida diligencia que se exige a un buen empresario” y “no se preocuparon de investigar la situación de la entidad que les absorbía”.

Por otro parte, la denuncia se refiere a que el proceso de fusión "supuso la emisión de acciones adquiridas por miles de abulenses, quienes engañados las adquirieron como consecuencia de una propaganda falsa y autorizada por el Consejo de Administración", entre cuyos componentes estaba el consejero de Bankia y presidente de Caja de Ávila, "en el periodo en el que se vendieron, y que han causado notorios perjuicios económicos a quienes las adquirieron".

Para UPyD, la "ruinosa fusión" decidida por el Consejo de Administración de Caja de Ávila "todavía no se ha explicado a los ciudadanos abulenses, en un incomprensible ejercicio de opacidad y ocultamiento, que trata de eximir a los responsables, no solo de las presuntas irregularidades penales, sino también de la responsabilidad política de quienes arruinaron la Caja de Ávila".