El motivo es el de almacenar “materiales contaminantes”, que no era su objetivo, aunque el Ayuntamiento de Ávila ha respondido en que el centro ya se selló.

La “evaluación” se producirá en respuesta a una pregunta de la eurodiputada de UPyD Maite Pagazaurtundúa, quien ha recordado que la construcción del centro se cofinanció con 1,9 millones de euros procedentes de los Fondos Feder, mientras que el Ayuntamiento de Ávila “sólo” planteó el sellado de las instalaciones, con un coste de “860.000 euros”.

Según UPyD, la Fiscalía de Medio Ambiente advirtió que el vertedero había almacenado “materiales contaminantes”, de modo que, si no se tomaban medidas, “cualquier riesgo corría a cargo del Ayuntamiento de Ávila”, además de demostrar que “no se había cumplido el objetivo del centro”, destinado a reciclaje y utilización de escombros.

UPyD ha afirmado que el Ayuntamiento decidió clausurarlo, pero no pidió “ningún tipo de responsabilidad” a la empresa que lo gestionaba, Daorge.

Así, en el texto remitido a UPyD por la comisaria de Política Europea, Corina Cretu, la investigación de la OLAF se justifica “en la defensa de los intereses financieros” de la UE, así como en las verificaciones “in situ” para la protección de esos intereses “contra supuestos fraudes e irregularidades”.

Manipulación descarada
Ante esta información, el Ayuntamiento de Ávila ha acusado a UPyD de “manipular descaradamente la información” sobre el centro de tratamiento de inertes “con claros fines electoralistas”.

La respuesta de la propia comisaria a UPyD, según el Consistorio, admite que la Fiscalía de Medio Ambiente nacional “ya ha efectuado una investigación” y que las autoridades competentes “han adoptado algunas medidas”, como el cierre de la instalación, por lo que “la Comisión no tiene intención de adoptar medidas adicionales”.

No obstante, la OLAF realizará una “evaluación” de la información recibida, que “no es una investigación” -ha añadido el Consistorio-, además de tener en cuenta “los controles y las verificaciones” realizados por el Estado miembro con arreglo a la legislación nacional, pero no que vaya a realizar controles in situ.

“España ya ha efectuado los controles oportunos sobre este asunto, tanto en lo económico como en lo medio ambiental”, ha añadido el Consistorio, desde donde han acusado a UPyD de “burda manipulación”, porque el proyecto data de “hace más de catorce años” y, “ahora, por arte de magia, con una burda manipulación”, UPyD “pretende resucitar” para “tratar de lanzar su candidatura política de la forma más artera y con una imaginación que sólo existe en su cabeza”.