El tribunal le ha considerado culpable de un delito contra la salud pública y varios de cohecho, mientras que otros dos agentes de la misma comisaría que fueron juzgados en el mismo proceso, Fernando M.B. y José Manuel M.A. han sido declarados culpables por revelación de secretos, encubrimiento y prevaricación.

El primero de ellos tendrá que pagar 9.720 euros en multas, además de quedar inhabilitado para empleo o cargo público durante once años, mientras que el segundo queda inhabilitado durante siete años por un delito de prevaricación.

En el juicio, celebrado en abril en la Audiencia Provincial, además, se juzgó a otras tres personas por su implicación en los hechos que se juzgaban. De ellos, Calixto S.S. alcanzó un acuerdo, por lo que ha sido condenado a pagar, por simulación de delito, una multa de 270 euros, la misma cuantía que deberá abonar José María G.P., por el mismo delito.

En cuanto a José Luis J.V., conocido como ‘Emma’, quien admitió que se dedicaba al tráfico de cocaína en Ávila y había pagado por sus servicios hasta 15.000 euros al principal policía implicado, ha sido condenado, a un año y cuatro meses de prisión y 4.240 euros de multa, por delitos contra la salud pública y cohecho.

La Audiencia Provincial ha rebajado en su sentencia las peticiones iniciales del fiscal, que ascendían a 20 años de cárcel en su conjunto.

Desde 2009
En su sentencia, el tribunal, presidido por María José Rodríguez Duplá, presidenta de la Audiencia, ha considerado probado los hechos que ocurrieron en el año 2009, según los cuales Jesús Ignacio G.V., que había sido condecorado con la Medalla al Mérito Policial con Distintivo Blanco, mantuvo reuniones con el narcotraficante condenado, tras las que realizó ingresos mensuales de hasta 15.000 euros con dinero procedente del tráfico de drogas.

También ha quedado probado, según la sentencia, que este policía compró un kilo de droga a otro de los implicados (José María G.P.) para vendérsela a ‘Emma’, mientras que el segundo de los agentes, Fernando M.B., consultó las bases de datos policiales para facilitar información a José María G.P. y a un conocido suyo de nacionalidad rumana, a los que asesoró sobre, entre otras cosas, cómo eludir una detención policial.

Este mismo agente, junto con el tercero juzgado, además, se quedó con “un trozo de sustancia de hachís” que había ocupado en una actuación para el consumo particular de ambos.

El tribunal ha tenido en cuenta las conversaciones telefónicas grabadas y las vigilancias realizadas en el transcurso de la investigación, además de considerar atenuante la dilación indebida para todos los casos y, con respecto a los tres acusados no policías, la colaboración con la administración, a la hora de rebajar las peticiones de cárcel y multas.