El consejero de Sanidad, Antonio María Sáez, ha explicado los detalles de cómo se aplicará en Castilla y León el Real Decreto 16/2012, de 20 de abril, en lo referido a la atención y aseguramiento de extranjeros no registrados ni autorizados como residentes en España, y que ha entrado en vigor con el mes de septiembre en todo el país.

Sáez ha destacado que en Castilla y León “nadie dejará de ser atendido” y ha recalcado que “lo que se modifica en la norma es el aseguramiento sanitario”, cambio que deriva “sobre todo de la presión que la Unión Europea viene ejerciendo sobre España, por ser el único país en el que el hecho de estar empadronado genera la asignación de una tarjeta sanitaria, que no sólo da derecho a la asistencia en nuestro país sino que es extensiva a cualquier estado miembro”.

Asistencia garantizada
El consejero ha señalado que la Junta, como administración pública, “no puede ni debe hacer objeción ni insumisión a una norma regulada por el estado”, y ha lamentado las propuestas de incumplimiento realizadas por responsables socialistas de la Comunidad, pero ha destacado que, “siempre bajo el cumplimiento de la ley, se garantizará la asistencia a todos los ciudadanos”, a la vez que ha recordado que el propio real decreto “garantiza la atención de urgencia por enfermedad grave o accidente hasta el alta médica y la atención durante el embarazo, parto y postparto, así como asistencia completa a los menores de 18 años”.

Además, en Castilla y León todos los ciudadanos extranjeros, tanto residentes como en situación irregular, serán atendidos con los criterios, requisitos y medios de la Atención Primaria y, según el consejero, “en el caso de los irregulares se les asignará un médico y una enfermera, y se les registrará como asegurados especiales, lo que quiere decir que tendrán historia clínica y se les facilitarán las prestaciones de atención a demanda, con lo que podrán solicitar cualquier consulta de Primaria”. También estarán incluidos en la campaña de vacunación de la gripe y podrán acceder a cualquiera de las 203 pruebas diagnósticas que pueden utilizar los profesionales de Atención Primaria.

Por “razones vinculadas a la protección de la salud colectiva se atenderá a cualquier persona que padezca una enfermedad transmisible”. En este caso, la prescripción de recetas se realizaría a través de la modalidad de campañas sanitarias, con una aportación muy reducida, y si se trata de VIH se prescribirá a través de la farmacia hospitalaria, lo cual no supone ningún coste para el usuario.

Riesgo vital
El consejero ha dicho que en Atención Especializada “se atenderán todas las situaciones clínicas que puedan suponer algún riesgo vital para el paciente”, y se mantendrán, por ejemplo, los tratamientos de diálisis, oxigenoterapia a domicilio, enfermedades graves o tratamientos frente al cáncer.

En todos los casos, se analizará la situación de las personas atendidas en colaboración con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y los servicios sociales básicos, “con el objetivo de conocer su capacidad económica” y se informará, en su caso,  sobre los procedimientos para su regularización, y se facilitarán los trámites para la suscripción de los convenios especiales de asistencia sanitaria, cuya regulación se aprobará por el Ministerio de Sanidad Servicios Sociales e Igualdad. 

Desde el punto de vista administrativo, tras la atención a los ciudadanos extranjeros se tramitará una factura en la que se anotarán los servicios realizados, que se remitirá al aís de origen en el caso de estados de la Unión Europea o de países con los que España mantenga convenios sanitarios. Si no existiera un convenio establecido con el país de origen, se le facturará directamente a la persona atendida.