Según los datos de la Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria (Semfyc), es el número de sanitarios apuntados en el registro nacional puesto en marcha en julio para mostrar rechazo a esta medida, que primero se creó para médicos de este colectivo y luego se abrió a otras especialidades médicas y profesionales sanitarios, como enfermeras y trabajadores sociales.

En Castilla y León han sido 99 los sanitarios que se han declarado objeto, que entienden que la medida del Ministerio de Sanidad es “contraria a la lealtad que el médico debe tener a su paciente y que siempre debe prevalecer”, si bien el Gobierno regional ha anunciado que no dejará de atender a ningún inmigrante sin tarjeta sanitaria.

En España han sido 1.731 los profesionales sanitarios que han mostrado su rechazo a le medida. Por comunidades, Madrid es la que cuenta con más sanitarios contrarios a esta medida, con 378.

Le siguen Cataluña (215), Comunidad Valenciana (163), Aragón (142), Andalucía (133), Galicia (115), Castilla y León (99), Baleares (91), Castilla-La Mancha (59), País Vasco (58), Asturias (52), Canarias (51), Extremadura (50), Navarra (46), Murcia (43), Cantabria (26), La Rioja (9) y Melilla (1).

Desde la Sociedad Española de Medicina Familiar se exige al Gobierno que elabore un paquete básico de servicios para este colectivo, que incluiría la Atención Primaria, la salud pública y la prevención, la asistencia urgente, atención a la discapacidad y la prescripción de medicamentos esenciales de la OMS (Organización Mundial de la Salud).