Y es que la reforma educativa en Educación Secundaria comenzará a ser realidad en septiembre, tres meses antes de los comicios, que señalan son de "resultado incierto".

Destacan que tantos padres, profesores y alumnos, a lo largo de todas las etapas -desde Infantil hasta la universidad, y en todos los modelos -pública, privada y privada concertada- se han posicionado contra la LOMCE, que llevó a la huelga general del 14 de noviembre de 2013; y subrayan que diferentes comunidades autónomas (Andalucía, Asturias, Canarias, Cataluña, País Vasco y Navarra) han pedido paralizar su aplicación en Secundaria.

Añaden que los partidos políticos de la oposición en el Congreso de los Diputados -salvo UPyD- firmaron un compromiso por escrito para derogar la Wert en el primer período de sesiones de la próxima legislatura, si llegan al gobierno.

Cambios estructurales
Los representantes sindicales del profesorado argumentan que la implantación de la nueva Educación Secundaria, prevista para el próximo curso, supondrán "cambios estructurales en el sistema educativo que afectan al alumnado y al profesorado".

Esas modificaciones suponen nuevo currículum en todas las asignaturas, nuevos horarios, la desaparición de los Programas de Diversificación Curricular, y la implantación de un 4º curso con salidas académicas diferentes.

También que el alumnado tendrá nuevas asignaturas en 1º y 3º de Educación Secundaria y en 1º de Bachillerato, con diferentes contenidos y diferente carga horaria, debiendo decidir un año antes si quiere optar por la FP o por el Bachillerato.

Otro elemento en que se basan para solicitar la paralización de la reforma educativa es que el profesorado, que ya ha sufrido una reconversión brutal en los últimos años, con el aumento de su horario lectivo y del alumnado al que debe dar clase y tutorizar, verá además la modificación de plantillas de los centros. Esto supondrá "otra reconversión, con supresiones y nuevos desplazamientos".

Por eso la Junta de Personal propone a la Consejería de Educación y al Ministerio de Educación que, en consideración a la situación a la que se puede llevar al profesorado y a millones de alumnas y alumnos, "se decida a esperar a las próximas elecciones generales antes de continuar con la aplicación de la reforma educativa" en Educación Secundaria.