En el juicio, que comenzó el lunes, se han recordado los frecuentes contactos entre algunos agentes y supuestos traficantes, lo que devino en la investigación.

La fiscalía ha demandado diez años de cárcel y 66.000 euros para el que entonces era jefe de Seguridad Privada de la Comisaría de Ávila, J.I.G.V.. Está acusado de delitos contra la salud pública, conspiración para cometer delito, cohecho y no persecución de un delito.

Diez años de prisión y más de 17.000 euros es la petición para otro agente, F.M.B., acusado de revelación de secretos, abuso de función pública y uso de datos reservados de carácter personal, mientras que para el tercero, J.M.M.A., se piden tres años de cárcel 1.600 euros, por malversación, aceptar dádivas por abstenerse de realizar su trabajo y cohecho.

De los tres acusados que no son policías, el fiscal pide para J.L.J.V. cinco años de cárcel y 16.000 euros de multa, y para J.M.G.P., tres años de prisión y 2.700 euros. Ambos se dedicaban al tráfico de drogas.

El tercero de ellos, C.S.S., reconoció el martes ser responsable de un delito contra la Administración de Justicia por haber suplantado la identidad de uno de los acusados de narcotráfico, y aceptó el pago de tres euros diarios durante tres meses.

Entregas mensuales

J.L.J.V., que es conocido como Emma, aseguró haber entregado 2.500 euros al mes a uno de los agentes para no tener problemas en su negocio de venta de cocaína y recibir si era detenido, además de ofrecer entregarle droga para venderla al menudeo. En contra, el policía afirmó que la acusación era una venganza.

Los hechos se remontan a hace seis años, cuando concluyó una investigación, que por un lado se adentró en el tráfico de drogas y, por otro, se fijó en las relaciones entre algunos agentes y los supuestos traficantes, que estuvo a cargo de la Unidad de Asuntos Internos de la Policía.

Los testigos llamados al juicio, que se prolongará durante toda la semana, son 22, todos ellos agentes policiales.
El testimonio más llamativo ha sido el de quien era entonces inspector jefe del Grupo VIII de la Comisaría de Policía, quien ha dejado claro los contactos detectados entre unos y otros, como por ejemplo las escuchas telefónicas que se realizaron.

Los contactos eran "periódicos y constantes”, según ha indicado. En un caso, Enma dijo sentirse "atosigado", por lo que pidió a uno de los agentes que "parara" a uno de los agentes.

Asesoramienrto

Al menos dos de los agentes asesoraban a los supuestos traficantes acerca del modo de actuar para que pudieran evitar identificaciones policiales, e incluso de dónde guardar la droga en el cuerpo y el modo de efectuar entregas de dinero de forma periódicas a uno de los policías, de lo que quedó constancia en su cuenta bancaria.

Frente a esa acusación, el policía acusado ha argumentado que había vendido un inmueble por más de 280.000 euros, cuyo dinero había mantenido en su casa e iba llevando a su banco.

Otros testigos han destacado que habían detectado como F.M.B. disfrutaba de un alto nivel de vida, pero que no todos los ingresos que supuestamente recibía iban al banco, porque supuestamente consumía cocaína.