El abogado de uno de los funcionarios, Miguel de los Santos, ha dicho pedirá el sobreseimiento del caso, ya que su cliente, como los otros imputados, ha negado los hechos de los que se les acusan: "lo ha rechazado total y radicalmente".

"No hay nada, es muy flojo lo que hay", ha resumido el caso, y considera que así lo harán los otros tres imputados.

Y es que hay denuncias contra su cliente "en días concretos en los que ni siquiera estaba de servicio y ni siquiera en la prisión", ha aseverado.

Según el abogado, existen "contradicciones infinitas" y "a diferencia de cualquier otro tipo de imputaciones, falta coherencia y rigor".

Indicios racionales

La letrada Ángeles López, de la Asociación Clara Campoamor, que ejerce la acusación particular, ha explicado que si bien los funcionarios han negado las acusaciones, cree que "sí hay indicios racionales" de las acusaciones para que el caso siga adelante, si bien ha dicho que "se debe seguir investigando", para lo que solicitará más pruebas.

Según la abogada, los funcionarios han interpretado que las reclusas "denuncian en falso para obtener ventajas penitenciarias", como un mejor trato y para "blindarse frente a los partes y traslados". También ha precisado que no todos los imputados tienen la misma implicación.

Ha llamado a ser "prudente", porque no quiere que "nadie se vea afectado en su honor" en una ciudad "pequeña" como Ávila. En este mismo sentido se ha pronunciado el abogado de uno de los imputados, que ha lamentado "el daño personal y familiar muy grande" que el caso ha provocado en los imputados.

Los funcionarios de prisiones prestaron declaración durante dos horas y media en la mañana del viernes, tras la apertura de diligencias previas por las denuncias de varias reclusas.

Hace dos años
Los hechos datan del año 2013, cuando la Dirección General de Instituciones Penitenciarias abrió una información reservada para conocer los hechos, a raíz de lo cual puso el caso en manos de la fiscalía, después de que inspectores tomasen declaración a funcionarios e internas.

De los cuatro funcionarios, uno está apartado del puesto de trabajo, mientras que los otros tres siguen desempeñando sus funciones pero sin relación con las reclusas.