El caso surge por la contratación de siete trabajadoras, con categoría profesional de técnico para la identificación de oportunidades de dinamización económica y creación de empresas en el ámbito rural, con cargo a una subvención de la Junta entre julio de este año y junio de 2015.

Fue llevado a los tribunales por FSP-UGT a raíz de que la Diputación decidiera, alegando que la Junta lo permitía, contratar a las mismas personas que desempeñaron esos puestos -con una subvención similar del ECyL, entre mayo de 2013 y abril de 2014, según ha explicado el secretario de la federación sindical, José Carlos Pajares.

Perfil definido
Antes de aprobarlo, UGT había advertido un mes antes que la intención de solicitar el ECyL aspirantes con un "perfil perfectamente definido" ya suponía "limitar el acceso a los miles de parados que podrían acceder" a esos puestos. Aunque se les indicó que se abordaría el problema después y que se esperaría a un informe, la siguiente reunión de la mesa fue desconvocada. En la mesa de negociación celebrada el 24 de junio se les informó que ya había sido aprobado el proceso y el sindicato calificó la situación como de "tomadura de pelo".

La sentencia declara que la actuación de la Diputación ha vulnerado derechos fundamentales de los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, y se declara contrario y no ajustado a derecho el  acuerdo de la Junta de Gobierno del 23 de junio y las resoluciones y actuaciones adoptadas sobre ese acuerdo.

Destitución
FSP-UGT cree que la responsable de Turismo de la Diputación, Carmen Jiménez Navarro -puesto que ocupa por libre designación, además de ser concejal de Comercio en el Ayuntamiento de la capital-, debe "asumir las consecuencias de sus actos" y dimitir o ser destituida, ya que fue un informe suyo, "del que se fiaron otros responsables", el que avaló la contratación de las mismas trabajadoras que habían ejercido antes esos puestos.

"Quizá confundió libre designación, fórmula de acceso para quien está bien relacionado, y no es capaz  aprobar una oposición, con oferta de empleo público", añade el secretario de FSP-UGT.

Según Pajares, "el calado de la sentencia es mucho más grave", porque "no sólo ha condenado a una institución por vulnerar derechos fundamentales, sino que se han generado unas falsas expectativas en unas trabajadoras, que después de la concatenación de contratos en años consecutivos en la Diputación podrían haber intentado reclamar judicialmente su condición de indefinidas, pero que finalmente se han visto perjudicadas aunque en principio pudieron ser presuntamente favorecidas".