Parten de la investigación de Caja Madrid, que se convirtió en Bankia con Caja Ávila y a Caja Segovia, para "arrojar luz sobre posibles malas prácticas en el seno de unas entidades financieras con un claro fin social y que en algunos casos han tenido que ser rescatadas con fondos públicos", según indican en el escrito presentado en Burgos ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.

UPyD también se hace eco de las declaraciones de antiguos responsables de la entidad madrileña, como más importante del país y que servía de referencia, que afirmaban que el uso de estas tarjetas era una práctica habitual y conocida en la cúpula de este tipo de entidades financieras.

Recuerdan que si se demuestran estos hechos, los poseedores de la tarjeta puede incurrir en un delito societario (artículo 290 y siguientes), un delito fiscal (artículo 305), un delito de falsedad documental (artículo 392 y siguientes) y un delito de apropiación indebida (artículo 252), todos ellos previstos, recogidos y castigados por el Código Penal.

UPyD solicita la apertura de diligencias de investigación penal para el esclarecimiento de estos supuestos delitos y, en caso de confirmarse, que el ministerio fiscal presente una querella criminal contra los responsables, ante la que anuncian que se personarían.