El juez ha llamado a declarar  el 12 de noviembre en calidad de imputados al expresidente de CEPYME, Jesús Bárcenas; al secretario general, José Alberto González-Ruiz; y al gerente, José Manuel Vilar Martínez.

El ministerio fiscal se ha opuesto al archivo de la causa por considerar que hay elementos probatorios para entender que los hechos pudieran ser constitutivos de delito de falsedad y estafa o apropiación indebida.

El fiscal cree imprescindibles las declaraciones del secretario general y del gerente “por cooperación necesaria en los referidos delitos”.

La investigación se sigue a instancias de la Confederación de Empresarios de Salamanca (Confaes), que denunció que Terciado habría cobrado a la organización empresarial a través de sus  empresas Ingaset y Tecrucil.

El fiscal pide los libros de contabilidad de CEPYME  y las facturas de las empresas del presidente de CONFAE de los años 2010 a 2013.

En junio, la patronal explicó que hasta 2012 Terciado, como los anteriores presidentes, había recibido una remuneración económica a través de sus empresas por su dedicación a la patronal y los gastos generados de su actividad. En 2013 dejó de hacerlo así y suscribió un contrato de alta dirección.