Del total, 38 fueron consecuencia de una ejecución hipotecaria, lo cual supone un aumento del 31 por ciento, según ha puesto de manifiesto la Federación de Servicios Públicos de UGT.

A su juicio, los bancos “se están cebando con los ciudadanos” en una ciudad ya “fuertemente castigada por la crisis”, con una elevada tasa de paro y una escasa cobertura social para los desempleados.

"El echar a las familias de sus casas no está reñido con tener beneficios, pues el Banco de Sabadell en Ávila no ha realizado ninguna ejecución hipotecaria en primera vivienda y es uno de los bancos más solventes no sólo de España”, ha recordado el sindicato.

UGT ha pedido al Ayuntamiento de Ávila y a la Junta de Castilla y León “que presionen a los bancos vía impuestos para que dejen de acumular viviendas vacías, que lo único que hacen es deteriorarse y convertirse en los primeros morosos de la comunidad de vecinos”.

Para el sindicato, la Junta “debe firmar ya, olvidándose de citas electorales, el convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento, lo que supondría hasta el año 2016,  más de 56 millones euros para los programas de alquiler, rehabilitación, regeneración y renovación urbanas, evitando mucho sufrimiento a los ciudadanos de Castilla y León”.