La propuesta la presentará en el próximo pleno de las Cortes regionales, según ha explicado Martín, quien también ha solicitado una evaluación sobre los resultados “en salud” que ha tenido la retirada de la tarjeta sanitaria a las personas inmigrantes.

Medida inhumana
Según la procuradora, la retirada de la tarjeta fue una medida “inhumana” y “cruel” que ha provocado que, en la actualidad, haya “casi 7.000 personas en el limbo sanitario”.

De la misma forma, el PSOE ha pedido evaluar el “coste en salud” que han sufrido los “600.000 pensionistas” afectados por la implantación del copago farmacéutico y que, en Castilla y León, tienen “añadido” el hecho de que no exista receta electrónica, lo que implica que “no se aseguran” si las devoluciones que reciben cuando superan el tope de ocho euros pagados “son correctas”.

Martín ha incidido en que la sanidad pública “acusa seriamente los efectos de los recortes de las políticas sanitarias del PP” y que en tres años se han ido acumulando “consecuencias muy negativas” que sufren los pacientes en su atención.

Reducción profesionales
La portavoz de Sanidad ha afirmado que algunos de esos efectos se han visto en la reducción, en “1.000 profesionales”, de la plantilla orgánica de Castilla y León, mientras que el recorte presupuestario ha sido de “quinientos millones” de euros.

En este punto, ha llamado la atención sobre los efectos de estas políticas en las listas de espera quirúrgicas, que en el primer trimestre del año registraban una demora media de 83 días, con 31.460 pacientes en lista, y en el segundo trimestre era de 81 días, con 30.000 pacientes en lista.

A estas cifras, según Martín, hay que sumar las 70.000 personas que se encuentran en lista de espera para una consulta con especialistas o las 12.500 que, a finales de 2013, había registradas esperando una prueba diagnóstica.