La Administración autonómica "está realizando los trámites necesarios en tiempo y forma para proceder a la apertura de la residencia juvenil con todas las garantías", ha respondido a las críticas de UPyD al retraso en inaugurar el centro, para el que la Junta contrató la vigilancia de las instalaciones mientras que se reanudan las obras, paralizadas por el concurso de acreedores de la constructora.

La Junta explica que se han producido "una variación de las necesidades presupuestarias" a raíz de la "complicada situación" de la empresa adjudicataria, Volconsa SA, en referencia al concurso de acreedores.

Frente a esas "dificultades", la Junta "está trabajando para resolver la situación con la mayor celeridad posible".

Entre los trabajos pendientes se encuentran "pequeñas partidas" en la obra, que suponen en su conjunto un coste de 240.000 euros aproximadamente, previsto en el proyecto inicial.

Una vez concluida la obra, es necesaria la tramitación administrativa de las instalaciones del centro, tales como calefacción, aire acondicionado y ascensor, así como la garantía de obra que deberá asumir la nueva empresa.

También hay que añadir la incorporación del mobiliario, que se calcula en un máximo de 600.000 euros.