Con Navatalgordo serán 16.000 hectáreas, y llegarán a las 20.000 si la Junta decide incluir las fincas Orzaduero, El Colmenar y algunos terrenos de Zapardiel de la Ribera.

La asamblea general de propietarios de la Unidad de Gestión Micológica Norte de Gredos, celebrada en la Diputación el martes, ha abordado la próxima campaña y ha hecho balance de la anterior, cuando se recaudaron 30.000 euros de 3.000 licencias. Fue una campaña "buena pero en un corto período de tiempo", según se ha recordado.

El objetivo sigue siendo "proteger los montes y producir un beneficio a propietarios y ayuntamientos afectados", ha explicado el presidente de la Diputación, Agustín González. La institución provincial tiene previsto adherirse al futuro Instituto Micológico Europeo.

Bajada de precios
La asamblea ha acordado una reducción de precios de las licencias para los recolectores profesionales para evitar la marcha a otros lugares, el "furtivismo" y el "intrusismo", según el diputado provincial de Desarrollo Rural, José María García Tiemblo. Ha reconocido que apenas ha habido demanda por el precio de la licencia, de 400 euros, ya que en otros lugares era inferior.

La próxima temporada, por tanto, el precio será de 250 euros, el mismo que hace dos años, manteniendo el resto de tarifas, que García Tiemblo considera "razonables". Se encareció a pesar de la "reticencia" de los alcaldes de la zona de El Barco de Ávila y ante la "presión" de los aficionados del Valle del Jerte, de Extremadura, ya que hace dos años sí había demanda.

La gestión de la regulación micológica del proyecto para la regulación y comercialización de los recursos micológicos de Castilla y León MYAS-RC estará la próxima temporada en manos de Cesefor (Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y León)

Recursos económicos
Fernando Martínez, técnico de Cesefor, ha explicado que la actividad micológica genera en Castilla y León unos recursos económicos de unos 65 millones de euros de media año.

Del total, el 40 por ciento corresponden a la actividad relacionada con la agroalimentación, el 39 por ciento al micoturismo, el 20 por ciento son rentas que reciben los recolectores, y sólo el uno por ciento corresponde a la expedición de los permisos, según los datos de un estudio elaborado mediante encuestas en las 12 unidades de gestión de la Comunidad.