La desaparición de Hoffa, cuyo cadáver jamás se encontró, y el posterior encarcelamiento y asesinato de David Beck, dejaron ver que la Mafia no se conformaba con un “no” cuando su necesidad de liquidez era perentoria.

En Andalucía, en el caso de los Eres fraudulentos, no hay capos mafiosos de por medio, al menos no hay capos que vivan a través del puñal o la pistola. Lo que hay, es una corrupción institucional que afecta a altos cargos de la Junta de Andalucía y a varios dirigentes sindicales. Que hombres cuyo deber es luchar por los derechos de los trabajadores, compañeros que les han elegido para que defiendan sus derechos y luchen por su bienestar laboral, acaben siendo imputados por un fraude de un calado tan grande, hace que sean los propios trabajadores los que sientan vergüenza ajena. Que luego salga el señor Méndez a intentar defender lo indefendible, solo sirve para que los ciudadanos nos demos cuenta que el único derecho que defienden es el de las prebendas que les ofrece el Estado, en forma de subvenciones y financiación, el de conservar el poder que les otorga la constitución como agente social, porque así su vida pasa a ser la de unos privilegiados más, exactamente igual que la de los políticos. Toda generalización acarrea injusticia, pero si el Sr. Toxo y el Sr. Méndez hubiesen salido a defender a los trabajadores y no a “justificar” algún error contable o de facturación, nos podríamos creer que es verdad que quieren defendernos, pero con sus declaraciones solo confirman que son una parte más del llamado sistema, donde patronal, sindicatos y partidos políticos son los que realmente se reparten el poder y el dinero de todos los españoles, pero no hay problema, luego vendrá el Gobierno de turno y subirá los impuestos, rebajará los salarios, congelará nóminas o pensiones y los “pobres” trabajadores seguirán pagando estos desfalcos a las arcas del Estado, la que llenamos todos los españoles, para que unos pocos “privilegiados” las puedan vaciar.

Hoy, en la España del siglo XXI, no son capos mafiosos los que intoxican y corrompen desde fuera a las instituciones y a los políticos, son cargos públicos electos los que utilizan la legitimidad que les ofrece las urnas para esquilmar a todos los ciudadanos. La corrupción se ha institucionalizado en nuestro país, y el Sistema está totalmente enlodado. Creer, que sin cambiar las reglas del juego, las leyes de transparencia acabarán con esta práctica generalizada, es creer en los Reyes Magos. Solo una reforma puede acabar con la lacra de la corrupción que se extiende por todas las instituciones democráticas, incluyendo a la Monarquía: la reforma de la Constitución, para acabar con la financiación de la patronal, de los sindicatos y de los partidos políticos, así como con las donaciones que controlan, administran y reparten los mismos que al final se lo llevan. Que cada agente social se financie con los ingresos de sus afiliados, y que las donaciones a partidos o fundaciones creadas por éstos para tal fin, desaparezcan por ley.