Esta ley “contempla la supresión de todos los servicios ofrecidos por los ayuntamientos que no sean rentables”.

El Partido Popular "prioriza el criterio económico por encima de la calidad y de las políticas sociales”, dejando a los ayuntamientos “sin capacidad de gestionar los servicios sociales a pesar de demostrarse que la proximidad y la cercanía son cuestiones muy valoradas a la hora de ofrecer este tipo de servicios”.

“Rajoy se escuda en las duplicidades pero esto no es más que la apertura de un camino para que desaparezca los servicios básicos, dejando a los ayuntamientos como un mero evaluador de los trámites”, ha significado Prieto.

En Ávila hay cerca de 140 trabajadores directos e indirectos adscritos a los servicios sociales, aparte de los contratados por empresas concesionarias de ciertos servicios, como el de comedor.