La mayoría de ellos (82 por ciento) son dependientes, más de la mitad de ellos con un grado entre los 50 y 74 puntos, y el 91 por ciento tiene una minusvalía reconocida con un grado de más del 65 por ciento.

Respecto a los ingresos, el 59 por ciento no supera los 10.000 euros anuales, el 18 por ciento se ubica en la franja entre los 10.000 y los 15.000 euros anuales y un 23 por ciento
supera los 15.000.

Los tutelados que residen en la provincia de Ávila lo hacen en un 27 por ciento de los casos en una vivienda supervisada de los Servicios Sociales, el mismo porcentaje que los que viven en centros residenciales psiquiátricos de larga estancia. El resto viven en residencias de personas mayores o de personas con discapacidad. Sólo el 4,5 por ciento de los tutelados vive en su domicilio familiar.

El 55 por ciento son hombres y el 45 por ciento mujeres, y la mitad del total tiene entre 40 y 60 años, superando los 70 años el 32 por ciento.

El diagnóstico principal es la esquizofrenia paranoide (41 por ciento) junto a la esquizofrenia residual (14 por ciento), y el trastorno bipolar y el trastorno de la personalidad (nueve por ciento en cada caso).

En la mitad de los casos se asocia una discapacidad intelectual y en el 38 por ciento el diagnóstico es una toxicomanía u otra adicción. El 12 por ciento restante tiene una discapacidad sensorial asociada.

Los recursos de atención sanitaria más utilizados en Ávila son los centros de salud mental (37,5 por ciento), los centros residenciales psiquiátricos (31), las unidades de rehabilitación (20 por ciento) y las unidades de convalecencia (12,5).

De los tutelados abulenses que utilizan los recursos auxiliares, el 27 por ciento acude a asociaciones.

Castilla y León

La Fundación Tutelar Feclem ha asumido 32 nuevas tutelas en Castilla y León en 2013: más del 90 por ciento son dependientes y los ingresos de la mitad no superan los 10.000 euros anuales, según su memoria anual.

La mayoría de los requerimientos que llegan a la fundación lo hacen a través de los juzgados, aunque en ocasiones proceden de la FASCYL (Fundación Acción Social y Tutela de Castilla y León) o por tutela testamentaria. En la mitad de los casos es un familiar el que pone en conocimiento del juzgado la necesidad de protección judicial de la persona afectada.