Según la información facilitada por el fiscal delegado de Seguridad Vial, Óscar Barrios, junto a los escritos de las acusaciones particulares, se han presentado los correspondientes a las defensas del acusado (el conductor del autocar), la aseguradora, la empresa propietaria del vehículo siniestrado y la Junta de Castilla y León.

Este martes se cumple el primer aniversario del accidente, por el que el ministerio pública pide para el conductor cuatro años de prisión, como presunto autor de nueve delitos de homicidio por imprudencia grave y otros trece de lesiones, mientras que el abogado de la defensa pide la libre absolución de su patrocinado.

Además, Barrios considera a las aseguradoraa MM Globalis y a Mutua Madrileña "responsable civil directo" y "responsable civil subsidiario" a la empresa del autocar, Cevesa, y a la Junta de Castilla y León.

Asimismo, entiende que el conductor, Ramón G.S, de manera conjunta y solidaria con la aseguradora y respondiendo de manera subsidiaria Cevesa y la Junta, deberá hacer frente a las indemnizaciones que solicitan los pasajeros que aún no han sido compensados.

En su escrito de acusación, el fiscal sostiene que se produjo un "notable exceso de velocidad" por parte del conductor, que en el momento del accidente alcanzó entre 108,800 y 110,00 kilómetros por hora, cuando la velocidad máxima permitida para el vehículo que conducía era de 90.

Barrios sostiene que el fallo humano estuvo relacionado con la falta de atención de Ramón G.S por un episodio de "microsueño", ante la "falta de descanso". De hecho, el propio conductor admitió en el lugar del siniestro a la Guardia Civil que se había quedado dormido, aunque horas después modificó su declaración ante la jueza.