De este modo se archivan definitivamente las actuaciones que se seguían contra él por la  presunta adjudicación irregular de la variante de Olleros de Alba (León) cuando era consejero de Fomento, y que surgieron en el momento en que era presidente de las Cortes.

Según el tribunal, se estima parcialmente el recurso de apelación interpuesto por Fernández Santiago, por lo que se deja sin efecto la reserva de acciones civiles a la Abogacía del Estado acordada en el auto de 10 de abril de 2012.

El fallo, que desestima asimismo en su totalidad los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Fiscal, Jesús Merino y Gerardo Galeote, asegura que el juez instructor ha dispuesto del material probatorio “suficiente” para llevar a cabo la valoración jurídica del expediente administrativo.

A la vez, subraya que se ha llegado a la conclusión de que en las pruebas no se observan “ilegalidades severas y dolosas” que constituyen el núcleo del delito de prevaricación, aspecto que queda “plenamente acreditada”.

El juez concluye que el material probatorio acumulado, en concreto los informes periciales, “no sólo resulta suficiente sino que ha sido ponderado adecuadamente”.

Esto se produce después de que el 10 de abril, el instructor dictase un auto en el que sobreseía parcial y provisionalmente las actuaciones en lo relativo a la prevaricación imputada a José Manuel Fernández Santiago, Luis Alberto Solís Villa, José Muñoz Catalina, Ignacio Asín Alonso, Ángel Encalado Iglesias, Ángel Vaca Gutiérrez, Antonio Ruiloba Errandonea, Javier Marqués de la Cruz, Jesús Martín Almeida, Belén González González, Julio González Arias y José Antonio Fernández Sainz, con la que se les retiraba la condición de imputados.

También declaraba prescrito el delito de cohecho imputado a Fernández Santiago y decretaba en consecuencia el sobreseimiento libre de las actuaciones respecto al mismo, “con reserva de acciones civiles a la Abogacía del Estado” que, en su decisión actual, se ha rechazado.