El Juzgado de Instrucción número 2 de Arenas de San Pedro ha admitido a trámite e incoado las diligencias previas derivadas de la querella criminal interpuesta por la Plataforma contra la Especulación Urbanística y Ambiental de Candeleda contra un concejal del municipio.

Se trata de Rodrigo Muñoz Pulido, miembro del Gobierno local del PP, a quien dicha entidad responsabiliza de hacer público “un informe policial en el que figuraban los datos personales de carácter confidencial” de integrantes de la plataforma que participaron en la manifestación contra la privatización de la gestión del agua del pasado 27 de enero.

Según ha informado la plataforma, el edil denunciado “tendrá que declarar en breve en el juzgado para tratar de justificar por qué envió a diferentes medios de comunicación correos electrónicos en los que adjuntaba el mencionado informe policial sin ni siquiera tomarse la molestia de borrar los nombres y apellidos de las personas identificadas por los agentes de la Policía Local de Candeleda”.

De acuerdo con el escrito de la querella y las diligencias previas redactadas por la jueza de instrucción, los hechos podrían ser constitutivos de un delito de revelación de secretos en los términos que establecen los artículos 197.4 y 198 del Código Penal, “que establecen un fuerte agravante para el caso de que sea autoridad o funcionario público, como es el caso, quien perpetre el daño”, apunta la plataforma, que considera que se enfrenta “a una acusación que le puede deparar una pena de prisión de dos a cinco años y una inhabilitación absoluta de entre seis y doce años”.

Para la plataforma, con el envío del informe policial a los medios de comunicación, “el Ayuntamiento pretendió infligir un grave daño a la imagen personal de algunas de las personas involucradas en la lucha por la gestión pública del agua, con el fin de utilizar el miedo como herramienta para tratar de desactivar este movimiento”.